El director del hospital Avellaneda, Luis Medina Ruiz, acciona el botón antipánico de la guardia principal y de repente una luz anaranjada comienza a titilar en la sala de espera de la guardia infantil, ante la desconcertada mirada de madres que llevan en la falda a sus hijos enfermos. Al mismo tiempo, suena bajita una alarma, lo suficientemente fuerte como para que la escuche el personal de seguridad que debe estar apostado en la puerta por una cuestión de privacidad hacia el paciente. El volumen de este sonido intenta pasar desapercibido para no crear un clima de psicosis en las salas de espera. Unos segundos después llegan dos hombres que integran la seguridad privada -ninguno sabía nada de la prueba- y preguntan qué pasó. La insistente alarma suena e ilumina hasta que la única persona que puede apagarla va y la desactiva.

“Es una de las características que tiene este botón antipánico. La alarma, una vez accionada, no deja de sonar hasta que uno de los efectivos de seguridad inserta una llave. Esto está especialmente pensado para un caso, supongamos, de una pelea. Si la alarma se desactivada solamente con volver a tocar el botón, entonces el agresor podría hacerlo fácilmente”, señala a LA GACETA Federico Jordán, coordinador del área de Seguridad del Ministerio de Salud.

El tema de los peligros que corren los profesionales de la Salud es un tema que no es nuevo para los gremios, pero que volvió a ponerse en el tapete a comienzos de este mes cuando una médica del CAPS Bienestar de San Cayetano recibió una golpiza por parte de una chica trans adicta a la que no quiso darle drogas. La semana pasada, fuentes policiales aseguraron que los familiares de un joven asesinado de una puñalada en Cebil Redondo se mostraron agresivos con los médicos del CAPS y al lugar tuvieron que llegar refuerzos de la comisaría de la Unidad Regional Oeste.

Estadísticas vs. prejuicios

Antes de colocar los botones antipánico, desde el Siprosa pidieron a todos los centros médicos de la provincia que registren todos los incidentes: agresiones verbales y físicas, asaltos, hurtos y daños a la propiedad. Los resultados coincidieron con análisis a gran escala hechos en Estados Unidos y España y sorprendieron a más de uno.

“La mayoría de los incidentes no ocurre durante la madrugada como uno puede llegar a creer desde el prejuicio, sino en el momento en que más afluencia de público. En el Hospital Padilla, por ejemplo, ingresan de 1.500 a 1.800 personas diarias. Allí el 58% de los incidentes se da en los consultorios externos y el 33% en el shockroom. El resto, menos de 10%, son robos, hurtos y daño a la propiedad. Por lo tanto, la violencia verbal y física son los delitos que más nos preocupan”, razona Jordán, mientras recorre el hospital Avellaneda. Los médicos de allí tienen un temor especial cuando deben atender a un interno de Villa Urquiza. “Una vez, recuerdo, llegaron muchos vehículos de la Policía acompañando a un preso. Nunca vi una cosa así, salían efectivos de todos lados. Después me contaron que tenían el dato de que alguien de afuera planeaba ayudarlo a escaparse mientras lo atendían”, cuenta el director, quien atendió personalmente al interno.

En este centro médico el botón antipánico está ubicado, además de en la guardia infantil, en la guardia mayor y en el centro de atención de adicciones. El sistema también se encuentra en lugares sensibles de otros nosocomios de referencia como en las salas de traumatología de los hospitales Padilla y Centro de Salud, a las que llegan muchas veces personas alcoolizadas o drogadas después de sufrir un accidente. En una segunda etapa del programa, explicaron las autoridades, el botón estará en hospitales más chicos y en los CAPS. Se trata de un sistema que busca ser un complemento de las vigilancias mixtas que realizan personal de seguridad privada y efectivos de la Policía provincial.

Impacientes

Entonces, si la mayor parte de las agresiones no viene ni de asaltantes ni de personas fuera de sí por alguna sustancia, ¿quiénes son los agresores? Desde el Siprosa creen que en las últimas semanas encontraron una respuesta a ese interrogante.

“El agresor muchas veces es el mismo paciente o su acompañante. En algunas ocasiones no entienden los tiempos de espera en las salas o en las guardias. Sabemos que si llega una emergencia se considera que esa situación es más importante. La comunidad debe comprender que hay tiempos de espera y la urgencia prima siempre”, argumenta Jordán. “Vamos a pedir a la gente tolerancia y respeto en la espera. La atención es para todos”, dijo.

Eso no quiere decir que no se den otros tipos de agresores, aunque los porcentajes son menores. “También tenemos pacientes alcoholizados o drogados que actúan de forma muy violenta con el personal. Muchas veces llegan como víctimas de accidentes de tránsito. Algunos ni siquiera se quieren atender. Todas estas situaciones hacen que se termine violentando la relación entre el paciente y el médico”, agrega y adelanta que todos los profesionales de la salud recibirán una serie de capacitaciones para poder interactuar con estos nuevos elementos de emergencia en los hospitales.

Sitas dice que no les informaron

A principios de agosto, una médica del CAPS Bienestar -ubicado en la calle Díaz Vélez al 1.600, en San Cayetano- recibió una golpiza por parte de una chica trans que sufriría de adicción a las drogas. La médica se negó a recetarle el medicamento que le pedía sin la receta de un médico psiquiatra. Este tema puso sobre el tapete otra vez un reclamo que Sitas habría realizado a comienzos de año a las autoridades de Salud de la provincia, la seguridad.

Una semana después, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas) realizó una asamblea en el Hospital de Niños y decidió realizar un paro, entre otras cosas, por la sensación de indefensión de los afiliados. La medida terminó porque se dictó la conciliación obligatoria y a los pocos días el ministerio anunció la instalación de botones antipánico. Sin embargo, desde Sitas aseguran que aún nadie les dijo, siquiera, cómo es que deben usarse y en qué lugar están instalados.

“Nosotros no podemos opinar porque en ningún momento se nos explicó nada. Todavía estamos esperando que se pongan en contacto con nosotros. Mal podemos opinar si no tenemos idea de cómo va a funcionar. Yo del único botón antipánico del que puedo hablar es el de mi barrio”, señaló la secretaria gremial de Sitas, Adriana Bueno.

La médica agregó que si no hicieron las capacitaciones para utilizar el aparato, entonces no podría estar funcionando el botón antipánico. “Y en el hospital Avellaneda no hubo ninguna capacitación”, dijo.

La conciliación

Luego de la conciliación obligatoria se realizó la primera audiencia entre ambas partes, que ocurrió el miércoles. En esa ocasión, según Bueno, ninguna autoridad les explicó nada del sistema sino que se trató de una búsqueda de las causas que llevaron a esta situación. También señaló que no tienen muchas expectativas en que en la próxima reunión -el miércoles- les digan algo sobre este asunto, ya que ese día tanto el gremio como las autoridades del ministerio deben exponer posibles soluciones a los conflictos. “La verdad, no se si es bueno o malo porque nunca fue expuesto, a pesar de que nos dijeron que lo iban a hacer. Y que yo sepa ni siquiera hay prevista ninguna reunión. Nosotros conocemos este sistema por el periodismo. Pero es un tema del que queremos hablar, porque queremos saber qué más se va a hacer, además del botón antipánico”, añadió la dirigente gremial.

Para el gremio de Sitas, existen algunos “puntos rojos” en Tucumán, en los que los médicos están más expuestos a agresiones y robos que en otros. Según el secretario adjunto del gremio, Julian Nassif, “en el CAPS de La Costanera Norte, en San Cayetano, en las inmediaciones de los hospitales Obarrio y Del Carmen, y en el CAPS de Amberes se dan la mayor cantidad de delitos y denuncias contra profesionales de la Salud.

“Allí hay inseguridad a diario. La gente sufre cuando llega y cuando se va. El personal que está en urgencias o emergencias no puede salir a hacer la denuncia porque eso implica tener que trasladarse a la seccional policial más cercana. En cada institución debe funcionar un destacamento donde se pueda asentar la denuncia. Si llega un paciente con un infarto a la emergencia y el médico no está, el paciente podría morir y el profesional sería denunciado por mala praxis”, agregó Nassif.

En este sentido, sólo los hospitales de referencia -los más importantes de la capital tucumana y algunos del interior, como los de Concepción y Monteros- tienen un destacamento policial.

La molestia, según señalaron algunas fuentes del gremio a LA GACETA, es mayor aún porque el tema de la inseguridad fue planteado en varias ocasiones y porque, incluso, en enero se realizaron reuniones de autoridades en las que se diseñó un protocolo para prevenir delitos en los hospitales. Los profesionales sienten que esas medidas no fueron suficientes.

“El año pasado entró un policía a la sala donde estaba internada su nena y amedrentó a los médicos con una pistola. No podemos esperar que algo así vuelva a pasar”, denunciaron.